Miranda era inferior no porque no fuese 100% español, sino porque en la segunda mitad del XVIII se introdujo una nueva categoría, "peninsulares": gente nacida en España y emigrada a América. Los criollos, aunque fuesen 100% españoles quedaban relegados en cuanto a ocupar cargos públicos.
Esto en parte se hizo así por la masiva corrupción que había en el desempeño de los cargos públicos, llegando al extremo de comprarlos, venderlos y heredarlos, para así controlar más eficazmente la administración pública desde España, dándoles los cargos a gente nacida en España que tras determinado tiempo volvía a la península o era sustituido por otra hornada de peninsulares, en ambos casos tenían que afrontar un "juicio de residencia". Dado que entre los criollos que llevaban generaciones viviendo allí y tenían intereses personales y comerciales fuertes, y relacionados con otros criollos con intereses similares, la corrupción era moneda constante.
Pongo un ejemplo: en la Nueva España (actual México principalmente) era común hasta mediados del siglo XVIII que los criollos se quedaran para sí de manera ilegal, sin el beneplácito de la Corona que era la propietaria y gestora de las minas, de parte de la plata producida en el virreinato. No os penséis que se quedaban la plata para montar industrias o fomentar la agricultura, sino para comprar productos de lujo asiáticos importados a través del Galeón de Manila al puerto de Acapulco, mayormente.
Hasta los propios artículos de historiadores latinoamericanos actuales lo reconocen, un ejemplo:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?...32016000100090
La visión de la historiografía es unánime al considerar la corrupción en las colonias durante el siglo XVII como generalizada y de carácter sistemático (Andujar y Felices de la Fuente, 2011; Jiménez, 2012; para el caso concreto de las colonias americanas véase Michel Bertrand, 1989 y 1999; Pietschmann, 1987); 4 sin embargo, para el siglo XVIII se mantiene una visión más polémica en torno a los resultados de la nueva burocracia borbónica. Uno de los objetivos más perseguidos por estas reformas fue la implantación de una burocracia eficaz y leal, con capacidad de servicio público y respeto por la ley. Para ello se concibió un proyecto de reforma administrativa que se basaba en cuatro principios fundamentales: el primero consistía en poner la administración pública bajo el Estado, es decir, rescatar todos los oficios enajenados por particulares; el segundo consistiría en que todas las funciones de la administración pública quedasen a cargo de verdaderos profesionales nombrados por su preparación y competencia; el tercero suponía realizar una completa modernización de las técnicas administrativas, y el cuarto residía en la observancia de la ley (Céspedes, 1983, pp. 224-264). El cumplimiento de estos objetivos es lo cuestionable.
Parte del movimiento independentista estaba movido porque el estado ya no les dejaba robar impunemente y convertirse en una casta cerrada que controlaba sectores económicos en forma de cartel o mafia asociados a otros congéneres suyos; los criollos vinieron a llamar esto "opresión española". Una vez lograda la independencia pudieron ya desfalcar impunemente. Los estados latinoamericanos nacieron ya corruptos de raíz. Pero ojo, cuando los demagogos anti-imperialistas han llegado al poder, el robo como norma ha sido aún mayor e increíble (chavismo en Venezuela, peronismo argentino, priísmo mexicano...)
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